Los cambios propuestos por el Departamento de Seguridad Nacional en la regulación de la solicitud de asilo amenazan la equidad en la salud y el acceso a la atención médica

Por Alexander Pérez
30 de julio de 2020

Este artículo ha sido redactado por Alex Pérez, Director de Equidad en Salud, y Dori Molozanov, Directora de Integración de Sistemas de Salud.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha propuesto una regla que reduciría drásticamente los parámetros de elegibilidad para los solicitantes de asilo, incluidas cerca de una docena de nuevos obstáculos para el asilo que reescribirían la ley vigente para excluir a casi todas las personas que escapan de la persecución y buscan refugio en los Estados Unidos. El proceso de solicitud de asilo existente en EE.UU. ha demostrado ser eficiente y eficaz a la hora de admitir a los solicitantes de asilo admisibles manteniendo el compromiso de Estados Unidos con la ayuda y la protección humanitarias, sin embargo, la norma propuesta pretende desmantelar este sistema de una manera que perjudicará a las poblaciones vulnerables con consecuencias desastrosas para la salud pública. El reglamento propuesto, entre otras cosas, crea barreras adicionales para quienes buscan asilo pero no tienen recursos para obtener visas o reservar boletos de ida a los EE. UU., elimina la posibilidad de un alivio migratorio futuro para los solicitantes cuyas solicitudes se consideren "frívolas", e impone restricciones adicionales sobre quién puede solicitar protecciones en los EE. UU., incluido el rechazo de la mayoría de los reclamos relacionados con violencia de género y de pandillas. Aunque la administración actual ha señalado que está comprometida con poner fin a la intersección de las epidemias del VIH y la hepatitis, no podemos avanzar en este objetivo con políticas que pongan en peligro el acceso a los servicios de prevención, atención y tratamiento, especialmente para aquellos que se encuentran en los límites más marginados de la sociedad.

La desestimación de los reclamos por violencia de género y de pandillas es discriminatoria para las mujeres y la comunidad LGBTQI+ en general, que corren el riesgo de sufrir violencia discriminatoria tanto en sus países de origen como durante la migración. La caracterización que hace la propuesta de estas formas de disputa como "actos delictivos privados" invalida estas experiencias como intrascendentes, reforzando en última instancia las creencias prejuiciosas contra las mujeres, los inmigrantes, los grupos LGBTQI+ y aquellos que viven en una intersección de estas identidades. La violencia de género y otros tipos de violencia sexual son omnipresentes en las comunidades LGBTQI+, y hay investigaciones que indican que entre el 21 y el 35% de las personas que viven con una pareja del mismo sexo en los Estados Unidos sufren algún tipo de abuso físico a lo largo de su vida. Si se finaliza esta propuesta, estas experiencias perderían valor y se agravaría el estigma existente ya experimentado por la comunidad LGBTQI +, que sigue siendo una barrera importante para la prevención y atención del VIH y la hepatitis que salvan vidas. Esto es particularmente cierto para las personas transgénero y otras personas que no se ajustan al género, que se ven afectadas de manera desproporcionada tanto por la violencia de género como por la epidemia del VIH y que ya evitan los servicios de atención médica por temor a la discriminación. Junto con el reciente reglamento federal que elimina las protecciones fundamentales de no discriminación en el cuidado de la salud para las personas LGBTQI + bajo la Sección 1557 de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, estas políticas agravan la discriminación existente contra las personas LGBTQI + y socavan la Iniciativa para Poner Fin a la Epidemia del VIH (EHE) de la Administración presidencial.

La retórica y las políticas antiinmigrantes, como esta norma propuesta, amenazan con exacerbar las disparidades de salud entre las personas indocumentadas, los grupos de inmigrantes y las personas de color. La norma propuesta hace prácticamente imposible que los inmigrantes de cualquier tipo defiendan su solicitud de asilo o que se desenvuelvan eficazmente en el proceso de solicitud de asilo, lo que fomenta conceptos erróneos perjudiciales sobre la legitimidad de las solicitudes de asilo. La política y la retórica antiinmigrante es un obstáculo comprobado a la búsqueda de atención médica, con efectos negativos documentados en la salud mental, en el grado de utilización de los servicios médicos debido al estigma relacionado con el VIH o la situación legal, y el aumento de la mortalidad. Esta propuesta, junto con la reciente regla de la carga pública, e intentos ilegales de acabar con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), e intentar prohibir a los inmigrantes indocumentados su participación del censo de 2020 suponen, en conjunto, una importante paralización en el acceso de las comunidades inmigrantes a la atención médica, incluidos los servicios de prevención y atención del VIH y la hepatitis.

El impacto desproporcionado de esta política en las comunidades más vulnerables es una afrenta a la equidad en salud y a la justicia social, que son cruciales para poner fin a la intersección de las epidemias de VIH y hepatitis. NASTAD se opone a todas y cada una de las políticas que pongan en peligro el acceso a los servicios de VIH y hepatitis y retrasen el progreso que hemos logrado para alcanzar los objetivos de la iniciativa EHE. La experiencia ha demostrado el papel fundamental que desempeñan la equidad en la salud y la justicia social en una respuesta de salud pública eficaz, y estamos comprometidos a defender esos valores en nuestro trabajo. NASTAD pide al DHS que retire esta propuesta en su totalidad y promueva políticas que promuevan el interés de nuestro país en proteger la salud pública y promover el acceso a la atención médica para todas las personas en condiciones equitativas.