El impacto de la pandemia de COVID-19 en los departamentos de salud

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una importante carga para los sistemas de salud pública de todo Estados Unidos. Como resultado, los departamentos de salud estatales y locales se enfrentan a una mayor demanda de recursos y capacidad organizativa.

En mayo de 2020, NASTAD realizó una solicitud de información (RFI) a sus miembros para conocer mejor el impacto que COVID-19 estaba teniendo en sus programas. Los resultados de esa RFI se pueden encontrar aquí. En agosto de 2020, NASTAD llevó a cabo una segunda RFI de los programas de prevención del VIH (37 departamentos de salud respondieron), los programas de hepatitis (35 departamentos de salud respondieron) y los Programas de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP)/Parte B del Programa Ryan White (RWHAP) (45 departamentos de salud respondieron) para detallar el impacto de COVID-19 en los programas de VIH y hepatitis. A continuación se incluyen los temas basados en la RFI más reciente.

CARGA ADMINISTRATIVA

En la atención y el tratamiento del VIH, la prevención del VIH y la hepatitis, la inmensa mayoría de los encuestados sigue indicando que la administración de las subvenciones y la flexibilidad en la presentación de informes -incluidos los plazos ampliados y los requisitos simplificados de presentación de informes- son necesarias por parte de los socios federales, dada la carga adicional que soportan los programas y la reducción del personal de los departamentos de salud para el VIH y la hepatitis debido a las tareas adicionales requeridas por COVID-19. En los tres programas, la asignación del personal del departamento de salud a otras tareas requeridas fueron el mayor desafío reportado.

La necesidad de este tipo de flexibilidad administrativa fue más pronunciada cuando se preguntó a los encuestados sobre las actividades de la iniciativa "Poner fin a la epidemia del VIH (EHE)". A medida que aumenta la presión sobre la capacidad de los departamentos de salud, es fundamental que las actividades de la iniciativa EHE continúen, pero con mayor flexibilidad y menos requisitos administrativos de las subvenciones. Casi el 80% de los encuestados de la Jurisdicción de EHE dijo que para comprometerse adecuadamente con las personas que viven con el VIH, o corren el riesgo de contraerlo, y asegurar la participación de la comunidad, se necesitan plazos más amplios.

PREVENCIÓN DEL VIH

La pandemia de COVID-19 ha llevado el sistema de salud pública del país al límite de su capacidad. La asignación de tareas relacionadas con la pandemia al personal es un problema particularmente grave para los programas de prevención del VIH, ya que más del 90% de las jurisdicciones informan que el personal ha sido asignado a la respuesta al COVID-19 (esto es un aumento considerable de las respuestas a la solicitud de información enviada en abril). La asignación de personal tiene un impacto directo en la capacidad de los departamentos de salud para implementar y ampliar los programas de prevención del VIH. A medida que el rastreo de contactos para el COVID-19 se implementa a gran escala, es fundamental que los departamentos de salud mantengan la capacidad de abordar otras enfermedades infecciosas. Debido al distanciamiento social y a las órdenes de permanencia en el hogar, los programas de prevención del VIH tienen una menor capacidad para continuar con los servicios de extensión y prevención, con un aumento en el reporte de los programas que informaron sobre dificultades para continuar brindando servicios de mayo a agosto. Muchos programas han cambiado a programas de pruebas en el hogar y están buscando formas innovadoras de realizar actividades de extensión para los programas de prevención.

Los programas de VIH mencionaron la necesidad de más fondos, especialmente para los servicios de reducción de daños. La experiencia de los programas de prevención del VIH debe aprovecharse para aumentar el acceso a las pruebas de COVID-19. A pesar de esta mayor necesidad, sólo tres programas de prevención del VIH informaron de que recibían financiación para COVID-19 a través del acuerdo de cooperación de Epidemiología y Capacidad de Laboratorio (ELC).

HEPATITIS

La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la necesidad de inversiones inmediatas, continuas y a largo plazo en salud pública. Los programas contra la hepatitis, que históricamente no han contado con suficiente personal y financiación, se ven seriamente afectados por esta desfinanciación crónica, ya que más de 76% de las jurisdicciones informan que el personal ha sido destinado a la respuesta al COVID-19. Además, el personal de los departamentos de salud ha estado sujeto a los recortes del gobierno estatal y a la congelación de las contrataciones, lo que tendrá un impacto a largo plazo en la infraestructura de salud pública y en la respuesta a la hepatitis. Al igual que las respuestas de prevención del VIH, sólo cuatro programas de hepatitis informaron de que habían recibido fondos del ELC de COVID-19, que se utilizaron principalmente para el rastreo de contratos de COVID-19.

Los programas de hepatitis viral brindan servicios críticos de prevención, como alcance y educación, pruebas y conexión con la atención o el tratamiento, e investigación de casos. Aproximadamente el 77% de las jurisdicciones informan de una reducción de estos servicios durante la pandemia de COVID-19. Los programas de hepatitis también informan que la capacidad reducida de las organizaciones comunitarias y los programas clínicos está afectando el acceso a los servicios y a las pruebas de hepatitis. Los programas de hepatitis virales citaron más fondos para la prevención, la vigilancia y la reducción de daños como su mayor necesidad por parte del gobierno federal. Esta inversión es necesaria para lograr prevenir nuevas infecciones de hepatitis, hacer frente a los brotes de hepatitis, conectar a las personas que viven con hepatitis con la atención o el tratamiento y poner fin a la epidemia de la hepatitis.

PROGRAMA RYAN WHITE

Al igual que sus homólogos de prevención del VIH y de la hepatitis, la mayoría de los RWHAP Parte B/ADAP informaron de que la asignación de personal del departamento de salud a la respuesta a la COVID-19 ha sido un reto importante. Casi 70% de los encuestados del RWHAP indicaron que la asignación de personal del departamento de salud era un desafío, lo que representa un aumento significativo con respecto a la RFI de mayo. A pesar de estos retos, el RWHAP ha innovado rápidamente para prestar servicios de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento social, incluyendo la inversión en telesalud y la capacidad de los proveedores para modificar los procedimientos de prestación de servicios. Esto ha sido posible, en parte, gracias a la disponibilidad de fondos específicos para los beneficiarios del RWHAP a través de la ley federal CARES. Más del 40% de los encuestados del RWHAP Parte B/ADAP están utilizando sus fondos de la Ley CARES para invertir en innovación a nivel de proveedores. Casi todas las jurisdicciones han agilizado los procesos de elegibilidad y recertificación para permitir que los servicios no se interrumpan durante este tiempo. Sin embargo, 35% de las jurisdicciones informaron que la financiación de la Ley CARES no era suficiente para abordar las necesidades de los clientes, lo que indica que se necesitará financiación federal adicional.

La crisis económica COVID-19 tendrá un impacto a largo plazo en las necesidades de los clientes del RWHAP y en los presupuestos del RWHAP ADAP/Parte B. La gran mayoría de los programas ADAP/Parte B del RWHAP han invertido sus fondos de la Ley CARES COVID-19 en asistencia financiera de emergencia para la vivienda y la alimentación para hacer frente a las nuevas necesidades económicas de los clientes. La mayoría de los encuestados también informaron que prevén un aumento de la carga para el RWHAP a medida que las personas pierden su seguro de salud y sus ingresos debido a la recesión económica. Tres programas ya han aplicado medidas de contención de costos y el 15% de las jurisdicciones prevén aplicar otras medidas en los próximos seis meses. El RWHAP se financia a través de los gobiernos federal, estatal y local. El 30% de los ADAPS reciben financiación de los fondos de ingresos generales del estado. Con los recortes previstos en los presupuestos estatales, tres programas ya han sufrido recortes en el presupuesto estatal y otros ocho programas están a la espera de decisiones.

Los programas de VIH y hepatitis se financian a través de los gobiernos federal, estatal y local. Las asignaciones estatales y locales complementan los flujos de financiación federal y son fundamentales para el éxito de los programas de VIH y hepatitis. 40% de los programas contra la hepatitis, casi 60% de los programas de prevención del VIH y aproximadamente 30% de los programas de asistencia a los medicamentos contra el SIDA reciben financiación de los fondos estatales de ingresos generales.